FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Magistrado Ponente
AC4028-2016AC
(Aprobado en sesión de ocho de junio de dos mil dieciséis)
Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Enrique Dávila de Heredia, para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 9 de octubre de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que adelantó contra Omnitempus Ltda.
La fundamentó así (fls. 58 al 75, cno. 3):
Sin embargo, en virtud del tránsito de legislación y el numeral 5 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012,
(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
Por tal razón, en esta oportunidad se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil y el Decreto 2651 de 1991, en relación con el trámite del «recurso extraordinario de casación», por ser las aplicables al momento en que se formuló.
La Sala en AC 16 ago. 2012, rad. 2009-00466-01, reiterado en AC6430-2015, precisó que
(…) sin distinción de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos.
Es así como el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 contempla que «[n]o son admisibles cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles”, como ocurre cuando se endilgan errores de hecho y derecho respecto de un mismo medio de prueba o se invoca de manera coetánea la infracción de normas sustanciales por las sendas recta e indirecta, toda vez que se repelen.
En ambas categorías, en lo que a la valoración probatoria se trata, además de invocar el precepto sustancial infringido, se requiere una labor demostrativa de la relevancia de la equivocación, por haberse proferido una sentencia contraria a lo que arroja una idónea tasación de los medios de convicción, pero tomando en consideración sus particularidades.
Si se trata de un yerro de facto, debe orientarse el escudriñamiento a la estimación objetiva de las pruebas, para denotar la discordancia entre lo que patentizan y lo que se extrajo de ellas o fue obviado.
La Sala en CSJ SC 15 sep. 1993, citada SC 13 oct. 1995, rad. 3986 y reiterada, entre otros, en AC7233-2015, tiene dicho que
[d]esde el punto de vista de la técnica del recurso (…), la demostración de los yerros de apreciación probatoria por cuya causa puede el sentenciador llegar a transgredir una norma de índole sustancial comprende dos fases: Una, que es la de la trascendencia del error, común a ambas clases de error, comporta que una vez establecido el desacierto cometido por el juzgador al apreciar la prueba, se demuestre que éste lo llevó forzosamente a la determinación enjuiciada como violatoria de la ley. La otra, en cambio, asume diferente significación según sea la clase de error, pues al paso que en el de hecho la apreciación cumplida por el juzgador debe ser examinada teniendo como punto de referencia la objetividad del medio probatorio, en el de derecho la estimación cumplida se ha de pasar por el tamiz de las normas que disciplinan la actividad probatoria. Sin embargo, vista la cuestión desde otra perspectiva, se trata, en ambas clases de error, de llevar a cabo una labor de confrontación, cuyos pasos deben ser los siguientes: (…) En el error de hecho debe ponerse de presente, por un lado, lo que dice, o dejó de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y, por el otro, el texto concreto del medio, y, establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entrambos y que esa disparidad es evidente.
Como lo admite el mismo recurrente, el único pilar en que se sustentó el proveído fue que «en el subexamine, el actor únicamente podía perseguir el pago del importe del cheque, con la sanción del 20%, ejercitando la acción cambiaria, y no a través del proceso ordinario, por cuanto, en este juicio sólo es procedente la reclamación de los perjuicios ocasionados por el no pago en tiempo del cheque».
Esa inferencia fue el resultado de una interpretación de la norma fuente de reclamo, sin depender de aspectos facticos o demostrativos que le dieran una visión diferente bajo los parámetros allí fijados.
Si bien se hizo énfasis en que «el accionante no utilizó el trámite procesal compulsivo, cuando pudo hacerlo, y devolvió el cheque originario a su emisor, por haber efectuado el pago del valor allí respaldado», fue para resaltar que con ello se quedó «sin soporte para entablar la demanda ejecutiva» y que el único medio a su alcance frente al incumplimiento injustificado en el pago del cheque era «la vía ordinaria para reclamar los perjuicios causados, mas no para hacer efectivo el pago de la memorada penalidad».
En nada cambia esa regla con los razonamientos del impugnante en el sentido de que se desconocieron varios hechos del libelo y dos documentos en que se delineó que la acción estaba encaminada al reconocimiento de la sanción del artículo 731 del Código de Comercio, porque ya se había recuperado extraprocesalmente el capital incorporado en el título devuelto.
Ni siquiera se expone en qué radicó la equivocación, ya que el opugnador resalta precisamente lo mismo que dedujo el Tribunal, esto es, que contrario a lo señalado por aquel las aspiraciones no provenían del artículo 722 del Código de Comercio, sino del 731 ejusdem, y que se había despojado del original del cheque.
Ahora bien, si lo que se quería objetar era la forma como se analizó el fundamento legislativo atinadamente escogido, el camino a seguir era el de la violación directa con un desenvolvimiento desde esa pauta y total prescindencia de otros aspectos.
(…) el escrito para sustentar la inconformidad en casación “‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya…’ (Cas. Civ. de 10 de septiembre de 1991)… la simetría de la acusación referida por la Corte en el aparte anterior, debe entenderse no sólo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución, sino como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dice impugnativos, si ellos son aparente y realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia' (G.J. CCLV, Pág. 116)” (auto de 8 de agosto de 2003, Exp. No. 40301, reiterado en autos de 7 de marzo de 2006 Exp. No. 00490-01 y 18 de octubre de 2006, Exp. No. 00328-01)” (Auto del 18 de octubre de 2007, exp. 11001-3103-016-1993-12450-01).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia por Enrique Dávila de Heredia.
Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ