CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

Magistrado Ponente


AC4028-2016AC


Radicación n° 11001-31-03-002-2012-00149-01

(Aprobado en sesión de ocho de junio de dos mil dieciséis)


Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016)



Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Enrique Dávila de Heredia, para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 9 de octubre de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que adelantó contra Omnitempus Ltda.


  1. ANTECEDENTES


  1. El accionante pidió condenar a la sociedad al pago de doscientos sesenta y seis millones cinco mil novecientos veintisiete pesos ($266’005.927), equivalentes al veinte por ciento (20%) de un cheque rechazado por el librado, «tal como lo dispone el artículo 722 del Código de Comercio», con los intereses de mora a partir del 7 de octubre de 2001.


  1. Los hechos constitutivos de sus aspiraciones se resumen así (fls. 14 al 17, cno. 1):


  1. Omnitempus Ltda. giró al promotor el 5 de agosto de 2011, contra cuenta corriente de que era titular en el Banco Davivienda, el título valor N° 46652-2 por un mil trescientos treinta millones veintinueve mil seiscientos treinta y siete pesos ($1.330’029.637).


  1. El beneficiario lo consignó en esa data en el Banco de Occidente, pero le fue devuelto porque «no existían fondos para su pago», procediendo a protestarlo el 7 siguiente y originándose en su favor el «20% del valor del cheque, tal como lo dispone el artículo 722 del Código de Comercio».


  1. Los involucrados acordaron «pagar solamente el importe del cheque», concediéndose «un mes de plazo para el cobro de la mencionada multa legal» (12 oct. 11), pero no se satisfizo lo último a pesar de múltiples solicitudes verbales y escritas.


  1. Omnitempus Ltda., una vez notificada, se opuso y excepcionó «falta de legitimación por activa», «falta de legitimación por pasiva», «inexistencia del derecho reclamado», «falta de exhibición del documento del cual deriva el derecho reclamado», «novación», «prescripción», «inexistencia del daño reclamado» y «buena fe» (fls. 48 al 55, cno. 1).


  1. El fallo del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá tuvo por probada la «falta de legitimación en la causa por activa», porque «la acción consagrada en el artículo 722 del Código de Comercio recae en cabeza del librador del cheque (…) contra el banco librado, no del beneficiario (…) contra el librador, pues la sanción por falta [de] pago establecida en el artículo 731 del Código de Comercio se debe reclamar en el proceso de ejecución». Por ende, se abstuvo de estudiar las restantes defensas y declaró terminado el proceso (fls. 100 al 105, cno 1).


  1. El superior, al resolver la apelación, confirmó la determinación.


La fundamentó así (fls. 58 al 75, cno. 3):


  1. A pesar de que en el libelo se incurrió en una falencia al invocar el artículo 722 del Código de Comercio, cuando se debía obrar con base en el 731 id, una apropiada interpretación del escrito revela que la súplica se ampara en este precepto, por lo que los intervinientes en la contienda están legitimados para concurrir en ella.


  1. Estando ubicado el referido artículo 731 «en el contexto de la acción cambiaria, se infiere que el proceso ejecutivo es la vía idónea para reclamar, el pago del título y la aludida sanción del 20%; y que a través del juicio ordinario se puede perseguir el reconocimiento de perjuicios, por el no pago oportuno del cheque».


  1. Desde esa perspectiva como Enrique Dávila no acudió al cobro compulsivo cuando pudo hacerlo y «devolvió el cheque originario a su emisor (…) quedándose sin soporte para entablar la demanda ejecutiva, sólo tenía a su alcance la vía ordinaria para reclamar los perjuicios causados, más no para hacer efectivo el pago de la memorada penalidad».


  1. Dávila de Heredia interpuso recurso de casación (23 oct. 2015), que concedió el ad quem (20 ene. 2016), folios 21 y 33 al 35, cuaderno. 3. La Corte lo admitió (fl. 5).


  1. En oportunidad sustentó la impugnación (fls. 7 al 18).


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente».


Sin embargo, en virtud del tránsito de legislación y el numeral 5 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012,


(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.


Por tal razón, en esta oportunidad se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil y el Decreto 2651 de 1991, en relación con el trámite del «recurso extraordinario de casación», por ser las aplicables al momento en que se formuló.


  1. Según el numeral 3º del artículo 374 del estatuto procesal civil, la sustentación de esta vía extraordinaria debe contener «[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa», derivándose para los disconformes la obligación de respetar las reglas de técnica que faciliten la comprensión de los puntos con que pretenden rebatir los pilares del proveído atacado. Precisamente esa característica dispositiva impide que las deficiencias observadas sean subsanadas por la Corporación directamente y a iniciativa propia.


La Sala en AC 16 ago. 2012, rad. 2009-00466-01, reiterado en AC6430-2015, precisó que


(…) sin distinción de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos.


  1. Se formula un ataque por la senda indirecta de la causal primera del artículo 368 ibidem, como consecuencia de errores de hecho «en el manejo de las pruebas», que desarrolla así:


  1. El fundamento del fallador es que «el cobro de la sanción establecida en el artículo 731 del Código de Comercio sólo puede ser cobrada por la vía del proceso ejecutivo, por cuanto dicho precepto forma parte de la normatividad que regula la acción cambiaria», pero a manera de introducción se debe resaltar que si «satisfecha la obligación principal, el librador se niega [a] reconocer la procedencia de la sanción establecida en el artículo 371 del C. de P.C. (…) la vía para plantear la controversia no puede ser ejecutiva, en tanto el demandante carece del título valor para el efecto, sino a la ordinaria».


  1. De ahí que la premisa de la absolución «es el resultado de los errores de hecho en que incurrió el ad quem en el manejo de los siguientes elementos de juicio»:


  1. Pasó por alto los hechos tercero, cuarto y quinto de la demanda, «en los que se da cuenta que la controversia versa, única y exclusivamente, sobre el pago de la sanción que contempla el artículo 371 del Código de Comercio, derivada del acuerdo celebrado entre el tenedor del cheque y su librador, que resultó impagado por “fondos insuficientes”».


  1. Desatendió el acuerdo «firmado entre las partes» donde consta la entrega del cheque a la opositora «y que este instrumento negociable había sido impagado y posteriormente protestado por el Banco librado».


  1. Ignoró la comunicación de 8 de noviembre de 2011 donde se exigía a la contradictora el pago de la multa.


  1. En virtud de esas equivocaciones se violaron «por falta de aplicación» los artículos 228 de la Constitución Nacional; 4 y 396 del Código de Procedimiento Civil; 731 del Código de Comercio; y 5 y 8 de la Ley 153 de 1887.


  1. El principio de autonomía de las causales de casación implica que los argumentos de los embates estén acordes con el motivo que se opta, pues, no obstante la viabilidad de plantear varios cuestionamientos contra la sentencia, cada uno de ellos debe estar debidamente delineado y ser independiente en su exposición, teniendo en cuenta su esencia.


Es así como el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991 contempla que «[n]o son admisibles cargos que por su contenido sean entre sí incompatibles”, como ocurre cuando se endilgan errores de hecho y derecho respecto de un mismo medio de prueba o se invoca de manera coetánea la infracción de normas sustanciales por las sendas recta e indirecta, toda vez que se repelen.


  1. La infracción indirecta de la norma sustancial, a la luz del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso segundo del numeral 1, se configura ya sea como consecuencia de un «error de derecho por violación de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, de su contestación o de determinada prueba».


En ambas categorías, en lo que a la valoración probatoria se trata, además de invocar el precepto sustancial infringido, se requiere una labor demostrativa de la relevancia de la equivocación, por haberse proferido una sentencia contraria a lo que arroja una idónea tasación de los medios de convicción, pero tomando en consideración sus particularidades.


Si se trata de un yerro de facto, debe orientarse el escudriñamiento a la estimación objetiva de las pruebas, para denotar la discordancia entre lo que patentizan y lo que se extrajo de ellas o fue obviado.


La Sala en CSJ SC 15 sep. 1993, citada SC 13 oct. 1995, rad. 3986 y reiterada, entre otros, en AC7233-2015, tiene dicho que


[d]esde el punto de vista de la técnica del recurso (…), la demostración de los yerros de apreciación probatoria por cuya causa puede el sentenciador llegar a transgredir una norma de índole sustancial comprende dos fases:  Una, que es la de la trascendencia del error, común a ambas clases de error, comporta que una vez establecido el desacierto cometido por el juzgador al apreciar la prueba, se demuestre que éste lo llevó forzosamente a la determinación enjuiciada como violatoria de la ley.  La otra, en cambio, asume diferente significación según sea la clase de error, pues al paso que en el de hecho la apreciación cumplida por el juzgador debe ser examinada teniendo como punto de referencia la objetividad del medio probatorio, en el de derecho la estimación cumplida se ha de pasar por el tamiz de las normas que disciplinan la actividad probatoria.  Sin embargo, vista la cuestión desde otra perspectiva, se trata, en ambas clases de error, de llevar a cabo una labor de confrontación, cuyos pasos deben ser los siguientes: (…) En el error de hecho debe ponerse de presente, por un lado, lo que dice, o dejó de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y, por el otro, el texto concreto del medio, y, establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entrambos y que esa disparidad es evidente.


  1. El reparo propuesto no cumple con las exigencias de técnica que le son propias, ya que le endilga al fallador equivocaciones al sopesar las probanzas como causantes de una inadecuada hermenéutica al artículo 731 del Código de Comercio, lo que luce confuso y desenfocado con el contexto de la sentencia.


Como lo admite el mismo recurrente, el único pilar en que se sustentó el proveído fue que «en el subexamine, el actor únicamente podía perseguir el pago del importe del cheque, con la sanción del 20%, ejercitando la acción cambiaria, y no a través del proceso ordinario, por cuanto, en este juicio sólo es procedente la reclamación de los perjuicios ocasionados por el no pago en tiempo del cheque».


Esa inferencia fue el resultado de una interpretación de la norma fuente de reclamo, sin depender de aspectos facticos o demostrativos que le dieran una visión diferente bajo los parámetros allí fijados.


Si bien se hizo énfasis en que «el accionante no utilizó el trámite procesal compulsivo, cuando pudo hacerlo, y devolvió el cheque originario a su emisor, por haber efectuado el pago del valor allí respaldado», fue para resaltar que con ello se quedó «sin soporte para entablar la demanda ejecutiva» y que el único medio a su alcance frente al incumplimiento injustificado en el pago del cheque era «la vía ordinaria para reclamar los perjuicios causados, mas no para hacer efectivo el pago de la memorada penalidad».


En nada cambia esa regla con los razonamientos del impugnante en el sentido de que se desconocieron varios hechos del libelo y dos documentos en que se delineó que la acción estaba encaminada al reconocimiento de la sanción del artículo 731 del Código de Comercio, porque ya se había recuperado extraprocesalmente el capital incorporado en el título devuelto.


Ni siquiera se expone en qué radicó la equivocación, ya que el opugnador resalta precisamente lo mismo que dedujo el Tribunal, esto es, que contrario a lo señalado por aquel las aspiraciones no provenían del artículo 722 del Código de Comercio, sino del 731 ejusdem, y que se había despojado del original del cheque.


Ahora bien, si lo que se quería objetar era la forma como se analizó el fundamento legislativo atinadamente escogido, el camino a seguir era el de la violación directa con un desenvolvimiento desde esa pauta y total prescindencia de otros aspectos.


  1. En relación con el desfase advertido en CSJ AC6343-2014, enunciado en AC2195-2016, se reiteró que


(…) el escrito para sustentar la inconformidad en casación “‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya…’ (Cas. Civ. de 10 de septiembre de 1991)… la simetría de la acusación referida por la Corte en el aparte anterior, debe entenderse no sólo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución, sino como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dice impugnativos, si ellos son aparente y realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia' (G.J. CCLV, Pág. 116)” (auto de 8 de agosto de 2003, Exp. No. 40301, reiterado en autos de 7 de marzo de 2006 Exp. No. 00490-01 y 18 de octubre de 2006, Exp. No. 00328-01)” (Auto del 18 de octubre de 2007, exp. 11001-3103-016-1993-12450-01).


  1. Consecuentemente, en atención a que la censura no se ciñe a las formalidades que debe cumplir, no se aceptará a trámite.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en el proceso de la referencia por Enrique Dávila de Heredia.


Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO






FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA